
A las familias en situación de desplazamiento les cambian el plan de vida, algunas se esfuerzan por arraigarse en otras ciudades o estados, mientras que otras regresan a vivir a su tierra en una cuerda floja porque los niveles de inseguridad, corrupción e impunidad, están intactos.
Por Patricia Mayorga para Raíchali
GUADALUPE Y CALVO, Chih.- Habían pasado menos de diez días de las elecciones del 6 de junio, cuando se desataron varios enfrentamientos en el llamado Triángulo Dorado (Chihuahua, Sinaloa, Durango), que provocaron el desplazamiento forzado de más de 200 personas del ejido San Gerónimo.
Entre las comunidades de los seccionales de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, corrió pronto la primera noticia: Por el poblado de Dolores asesinaron a 6 hombres de un grupo que intenta ingresar al territorio desde Sinaloa, para pelear la plaza. Dejaron herido a otro hombre del grupo local, que también pertenece al cartel de Sinaloa. Éste ha sufrido varias escisiones por lo menos desde hace una década, en aquella zona.
Mientras los incendios de junio parecían no terminar en la Sierra Tarahumara, las noticias se propagaban como el fuego, y con ellas, la tensión e incertidumbre de una nueva ola de violencia encarnizada. Los días posteriores, ocurrieron otros cuatro o cinco enfrentamientos en comunidades mestizas e indígenas de aquella región.
“Hace mucho que no había retenes en los caminos”, comentó un poblador después de pasar con sus acompañantes en una camioneta pick up, por la revisión de jóvenes del grupo delictivo local.
“Tenía tiempo que los policholos no resguardaban las entradas”, comentó otra persona entrevistada y de quien se guarda la identidad por seguridad. Para algunos, se trata de la policía comunitaria, quien se fortaleció para defenderse de un grupo considerado muy sanguinario, Los Pintos, que llegó también de Sinaloa y que lograron expulsar aproximadamente en 2016. Para otros, es otro grupo que se formó con gente del lugar, que es parte también del cartel de Sinaloa.
Entrevistada antes de dejar la dirección de la Comisión Especializada en Atención a Víctimas del Estado de la administración pasada, Irma Villanueva Nájera, dio a conocer que la Secretaría General del Estado les indicó el 2 de julio, la necesidad de atender a personas desplazadas del municipio de Guadalupe y Calvo.
Previo al desplazamiento, el 16 de julio, personas del municipio comunicaron a este medio que hubo otros dos muertos y dos heridos en otro enfrenamiento, en San José del Rincón.
Villanueva dio a conocer que en el momento que atendieron la situación, estaban desplazadas por lo menos 140 personas en otras ciudades del estado. El ayuntamiento de Guadalupe y Calvo les ayudó a resguardarse en otro lugar a las víctimas del poblado de Santa Rita y sus alrededores, que pertenecen al ejido San Gerónimo. Elementos del Ejército escoltaron a un segundo grupo de familias desplazadas.
“Nos ponemos en contacto con el presidente municipal de Guadalupe y Calvo, que tiene el primer contacto con las víctimas de cualquier impacto, tiene el pulso y monitoreo. Confirmó que atendieron a un grupo de personas, 18 de ellos estaban en algún albergue acondicionado para ellos y el resto, en casas de familiares en otros poblados o ciudades. Era para saber cómo estaba la situación y qué necesidades había, dónde estaban”, detalló la exfuncionaria.
*El anterior es un fragmento de la cobertura realizada por Raíchali, medio independiente que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie. Para leer la publicación completa original, sigue este enlace.