Por: La Opinión los Ángeles.
Ciudad de México., a 8 de abril del 2022.- Un ciudadano filipino y otras 10 personas residentes del sur de California han sido arrestadas por llevar a cabo un esquema ilegal para conseguir la “Green Card” para ciudadanos extranjeros vía matrimonios fraudulentos.
De acuerdo con las autoridades federales, la “agencia” dirigida por Marcialito Bio Benítez, de 48 años, arregló alrededor de 400 matrimonios falsos de ciudadanos de Estados Unidos con clientes de otros países desde 2016. Luego, la propia organización realizó trámites con peticiones, solicitudes y otros documentos falsos para obtener la residencia permanente para los clientes a cambio de pagos entre $20,000 y $30,000 dólares.
La lista de acusados por conspirar para cometer matrimonio fraudulento y fraude de documentos de inmigración incluye a Engilbert Ulan, de 39 años; Nino Reyes Valmeo, de 45; Harold Poquita, de 30; Juanita Pacson, de 45, y Felipe Capindo David, de 49, todos ellos filipinos residentes de Los Ángeles.
También han recibido cargos Peterson Souza, brasileño de 34 años residente de Anaheim; Devon Hammer, de 26; Tamia Duckett, de 25; Karina Santos, de 24, y Casey Loya, de 33, todos estos últimos residentes de Palmdale/Lancaster.
“El fraude matrimonial es un crimen serio que amenaza la integridad del sistema legal migratorio de nuestra nación”, dijo la fiscal Rachael S. Rollins en el comunicado del Departamento de Justicia, distrito Massachusetts. “El presunto comportamiento fraudulento de estos acusados complica más las cosas para la vasta mayoría de inmigrantes que siguen las reglas y respetan el sistema de inmigración”.
La fiscal agregó que los acusados presuntamente generaron solicitudes falsas en las que se alega abuso doméstico como parte del esquema para ayudar a los clientes a obtener papeles bajo el Acta de Violencia contra la Mujer (VAWA por sus siglas en inglés).
Benítez es sospechoso de operar la agencia en oficinas en Los Ángeles, donde empleaba a Valmeo, Ulan, Poquita y Pacson, encargados de organizar los matrimonios falsos y documentos fraudulentos de inmigración, incluyendo declaraciones de impuestos falsas.
Por su parte, Hammer, Duckett, Santos y Loya trabajaban como “brokers” para reclutar a ciudadanos estadounidenses dispuestos a contraer matrimonio con clientes de la agencia, esto a cambio de pagos por adelantado y pagos mensuales del cliente después del matrimonio “para mantener a los ciudadanos de EE.UU. atentos y cooperativos hasta que los clientes hubieran obtenido su estatus de residentes permanentes”.
Souza y Capindo se dedicaban a conseguir posibles clientes para el negocio a cambio de pagos de alrededor de $2,000 dólares como comisión.
Como parte del esquema fraudulento, la agencia preparaba las ceremonias matrimoniales falsas en capillas, parques y otros ubicaciones, tomando fotos con fondos muy decorados, las cuales luego eran añadidas a las peticiones migratorias. Los empleados también entrenaban a ciudadanos y clientes para fingir en las entrevistas con USCIS.
El cargo de conspiración por cometer matrimonio fraudulento conlleva una sentencia de hasta 5 años en prisión y una multa de $250,000 dólares.
