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    Con Rascón Carrillo en la Coepi se favorece a quienes violan los DH de los indígenas

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    Chihuahua, Chih., a 15 de noviembre del 2021.- Por conflictos de intereses, Colectivo de Antropólogos y Observadores de los Derechos de Indígenas piden destitución del titular de la Comisión para los Pueblos Indígenas (Coepi), Enrique Alonso Rascón Carrillo.

    “Solicitamos a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y al diputado Omar Bazán Flores actuar con ética y responsabilidad para destituir como titular de la Coepi a Enrique Alonso Rascón Carrillo por conflicto de intereses, al formar parte del grupo político príistas que buscan despojar, desplazar y perseguir penalmente a la comunidad rarámuri de Mogótavo”, expresaron los integrantes de este colectivo.

    A través de la recolección de 45 firmas de profesionistas dedicados al trabajo en pro de los derechos humanos de las comunidades indígenas en el estado de Chihuahua, no solo solicitaron la destitución del funcionario estatal, sino también podieron al diputado Omar Bazán Flores “desistir de sus intentos de despojo y acoso judicial a la comunidad rarámuri asentada desde tiempos inmemoriales en su territorio”.

    El colectivo describe la vocación extractivista que el Estado ha impulsado en el territorio serrano, y que hasta la fecha aún promueve y facilita con el argumento del desarrollo y el crecimiento económico y que, lejos de beneficiar a las comunidades indígenas, ha ocurrido en detrimento de sus derechos humanos, refirió el Colectivo de Antropólogos y Observadores de los Derechos de Indígenas.

    Las afectaciones van desde el despojo y explotación desregulada de sus recursos naturales, alentado por un contexto de discriminación social e institucional hacia la población originaria, además de una cultura de corrupción y clientelismo que reproduce esta situación y da pie a otras tan graves como la narcoeconomía y su violencia asociada, denunciaron.

    No obstante que las comunidades cuentan con un proyecto de vida propio, históricamente el estado ha prestado oídos sordos a sus voces, aplicando medidas verticales. El comunicado explica que la región sigue ocupando los lugares más bajos en desigualdad y calidad de vida mientras ve como toda la riqueza se va a otros ámbitos y bolsillos.

    En su texto se describe que un enfoque de derechos humanos como el diseñado en la creación de la Coepi en el 2016 y un equipo experimentado en la cultura indígena y con una trayectoria de servicio para el mejoramiento de sus condiciones de vida es el adecuado para ser aplicado en un contexto en el que erradas políticas públicas han propiciado violencia, desigualdad y exclusión.

    El pronunciamiento del colectivo AAODI enfatiza, sin embargo, que la designación como comisionados de COEPI desde las altas esferas y de perfiles contrarios a la defensa de los derechos indígenas resulta la forma menos idónea para el cumplimiento de la importante y urgente tarea y obligación que el Ejecutivo encara ante los pueblos, con quienes tiene una gran deuda histórica que saldar.

    El colectivo manifiesta su preocupación de que los vínculos de Rascón Carrillo con las prácticas de despojo de los intereses de bienes raíces incrementen la tendencia a la violación de derechos, reproduciendo aún más la problemática.

    Frente a este panorama, AAODI, basados en el ejercicio profesional de sus integrantes del análisis, acercamiento e incidencia en el ejercicio de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado asume la necesidad de hacer pública su posición frente a esta preocupante manifestación de discriminación institucional por parte de la gobernadora y el diputado, invitándoles a reconsiderar sus decisiones y retomar su obligación legal y responsabilidad ética en el ejercicio de su función pública.

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