El canciller Marcelo Ebrard informó que avanza el proceso de la demanda en materia civil a empresas estadunidenses dedicadas a fabricar armas, por facilitar su importación hacia el país y que éstas queden en manos de cárteles de la droga y demás grupos del crimen organizado.
«La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí. Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos», informó Ebrard, en sus redes sociales.
México argumentó que entre el 70 y 90 por ciento de las armas recuperadas en su territorio provienen de Estados Unidos, y en su mayoría son de siete marcas: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Glock, Colt y Ruger. Además, anualmente cerca de 340 mil armas de estas firmas llegan a México desde sus plantas productoras en Massachusetts.
La demanda fue interpuesta el pasado 04 de agosto del presente año 2021, por parte del gobierno de México, a través de la cancillería, misma que va dirigida a varios fabricantes de armas ante una corte de Estados Unidos por comercio negligente e ilícito “que contribuye al tráfico de armas a México y ocasiona daño directo”.
El funcionario federal señaló que dicha demanda no es en contra el gobierno estadunidense, del que la SRE ha reconocido sus esfuerzos y el ánimo para reducir y detener el tráfico ilícito de armas.
La acusación indica que México busca una compensación, que según cálculos en un escenario optimista podría alcanzar el equivalente de hasta 1.5 por ciento del PIB, pues alega que los fabricantes de armas señalados sabían que sus prácticas comerciales laxas generan un daño a México y no hicieron nada al respecto para corregirlo.
Las autoridades mexicanas realizaron una lista de los fines que busca con esta demanda, entre los que se encuentran:
-Emitir fallos solidarios contra los demandados y a favor del gobierno mexicano.
-Presentar medidas cautelares y equitativas contra los demandados exigiéndoles reducir y remediar las molestias públicas que han creado en México
-Crear e implementar estándares suficientes para monitorear y disciplinar razonablemente sus sistemas de distribución
-Incorporar todos los mecanismos de seguridad razonablemente disponibles para evitar el uso de esas armas por parte de usuarios no autorizados; y financiar estudios, programas, campañas publicitarias y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilegal de armas.
– Presentar una orden judicial contra los demandados, exigiéndoles que tomen todas las acciones necesarias para mitigar el daño actual y futuro que su conducta está causando y que de otra manera causaría en el futuro en México
-Otorgar al gobierno de México una indemnización por daños y perjuicios por una cantidad que se determinará en el juicio.
-Otorgar sanciones civiles según lo permita la ley
-Restitución y devolución de las ganancias de los demandados
-Reparación de daños en una cantidad que se determinará en el juicio y que sea suficiente para castigar a los demandados o disuadirlos a ellos y a otros de continuar o repetir su conducta ilegal
-Restituir intereses previos y posteriores al juicio según lo permita la ley.
-Restituir los costos de la demanda, incluidos los honorarios razonables de abogados, según lo dispuesto por la ley
-Otorgar una reparación adicional, según lo requiera el caso, y se considere justo y apropiado.
