Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 14 de octubre del 2021.- En días recientes la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) denunció que en las comunidades indígenas de los municipios de Carichí, Urique, Bocoyna, Guazaparez y Uruachi persisten una serie de conflictos que derivan en violaciones a los derechos humanos de quienes habitan esas regiones de la Sierra Tarahumara.
De acuerdo con Contec más de 2 mil 207 personas de las etnias indígenas sufren desplazamiento forzado, amenazas por parte de integrantes del crímen organizado, despojos de sus predios entre ellas huertas e incluso robo de sus animales, además de contaminación y destrucción de sus bosques, dichos problemas han llegado incluso al límite de la criminalización en contra de gobernadores indígenas que han defendido su territorio.
Al respecto de estos hechos, el secretario de Coordinación del Gabinete del Gobierno del Estado Luis Gerardo Serrato Castell al ser cuestionado sobre estos temas aseguró que, “los
atenderemos con mucho gusto y que bueno nos hace referencia porque vamos a estar pendientes”.
Por su parte, la gobernadora María Eugenia Campos Galván aseveró que “revisará esos casos que muy seguramente la Fiscalía General del Estado tendrán los expedientes, habrá que recordar que hay un numero importante de expedientes detenidos que no se movieron en estos cinco años, pero que hay que volver a atender y a tomarlos.
Destacó que, hasta el momento ella no ha tenido un acercamiento con los gobernadores indígenas de estas comunidades.
Las problematicas denunciadas van desde la negativa por parte del Registro Civil en perjuicio de más de mil 500 indígenas de la etnia rarámuri que habitan en la comunidad de Tehuerichi a quienes se le ha negado el derecho al reconocimiento jurídico y estado de la personalidad.
Lo anterior, con la negativa del Registro Civil de otorgar actas de defunción a los habitantes de esta comunidad, debido a que en esa región “no existen personas mestizas que dén fe de este acto jurídico”, dejando de lado la autoridad de los gobernadores indígenas.
Esta situación ha agudizado los problemas de tenencia de la tierra, generando conflictos agrarios por la falta de documentos para realizar juicios de sucesión de la misma de padres a hijos.
Otro de los problemas que aun persisten en el municipio de Urique son los efectos de la construcción de un proyecto turístico en las Barrancas del Cobre, el cual ha afectado a la comunidad tras la instalación de un drenaje avalado por la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), cuyo desagüede aguas negras o residuales pretenden ser vertidos en el rio que pasa por la comunidad de Huitosachi.
De igual modo, más de 503 habitantes de la comunidad rarámuri de Bosques San Elías Repechique en el municipio de Bocoyna se encuentran reclamando el reconocimiento legal de su territorio ancestral, el cual se ha visto afectado desde los años 60´s por la construcción de infraestructura gubernamental, tala ilegal de su bosque y últimamente por la criminalización del que han sido objeto al ser acusados de robo, despojo y daño ambiental, delitos de los que esta comunidad indígena ha sido objeto por parte de sus acusadores.
Asimismo, habitantes de la comunidad de El Manzano ubicado en el ejido Rocoroyvo en el municipio de Uruachi y del ejido Monterde en Guazapares denunciaron el desplazamiento de más de 80 personas, esto por parte de grupos armados que se han apropiado de ranchos y huertos de manzano, así como del ganado propiedad de estas familias.
Aunado al terror desplegado por estos grupos criminales más de tres personas han sido asesinadas, entre ellas el activista Cruz Soto Caraveo, quien a pesar de tener medidas precautorias por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano no logró garantizar el derecho a la vida y restituir el daño ocasionado por la violencia en contra de su familia y de integrantes de la comunidad de El Manzano.
