Comunidades indígenas y organizaciones civiles se pronuncian en contra del proceso penal que hay por parte de figuras priístas para intentar desalojar a las 80 familias que tienen un derecho ancestral sobre el territorio.
Integrantes de las comunidades de Mogótavo, Bacajípare y Huetosachi, acompañados de organizaciones de la sociedad civil, anunciaron una serie de movilizaciones en el área turística del Divisadero Barrancas del Cobre el próximo sábado 29 de mayo, en protesta por los procesos jurídicos que existen contra ellos por parte de empresarios priístas para despojarlos de 154 hectáreas de tierra.
El exdirigente del PRI estatal y actual diputado, Omar Bazán Flores (quien busca la reelección como plurinominal), Ricardo Orviz Blake (exdiputado local y dueño de una inmobiliaria), así como Agustín López Dumas, Ricardo Valles Alvelais y Jesús Alberto Cano Vélez, son quienes intentan por la vía penal desalojar a los pobladores rarámuri de Mogótavo.
Los personajes priístas denunciaron por despojo agravado a tres gobernadores indígenas y reclaman las tierras como suyas ya que, en 2008, la empresaria Odile Sandoval se las vendió por más de dos millones de dólares. Las autoridades federales en 1984 le otorgaron el titulo definitivo a la familia Sandoval, ignorando los intentos de las familias rarámuri por regularizar su situación, pese a que hay registros de su existencia en la región desde 1915.
En conferencia de prensa, Miguel Manuel Parra, vocero de la comunidad, expresó la indignación que existe debido al trato que se les da a los pueblos originarios y que se utilizan meramente como producto comercial a conveniencia.
“Son tratados como productos, para la mercadotecnia, para la venta de turismo, pero después otros que quieren hacer estas cosas ahí andan denigrando. No los consideran como seres humanos”, manifestó.
Fausto Delgado, abogado penalista, detalló que en Mogótavo existen registros de bautizos desde hace cientos de años. Compartió que, en el 2010, el padre Javier Ávila asistió a la comunidad para realizar decenas de bautizos, que dejan en evidencia que la mayor parte de la población esta conformada por niños.
Delgado señaló que era absurdo que un personaje como el Orviz Blake, dueño de la fraccionaria que lleva su apellido, denunciara contra los pueblos originarios.
“¿Cómo se le ocurre denunciar despojo si él no vive ahí? Él es una persona de Delicias. La gente rarámuri de Mogótavo, ellos nacieron ahí. ¿Cómo es posible que lo despojaron? ¿Va pretender que los muertos qué están en el panteón despojaron a su empresa?”.
Aparentemente, las intenciones por adueñarse de las tierras son para construir un campo de golf, un proyecto “absurdo”, comentó el abogado.
Asociaciones como Awé Tibúame, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), Centro de Educación y Capacitación en Derechos Humanos e Indígenas (Cecaddhi) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), acompañan a las comunidades en esta defensa.
La audiencia de imputación para los gobernadores indígenas se llevará a cabo el 9 de junio, tres días después de las elecciones, en la ciudad de Cuauhtémoc.
Te puede interesar: Maru y Loera rechazan participar en foros de diálogo con la Sierra Tarahumara
