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    Protege CEDH a integrante del Border Hub

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    La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua extendió una recomendación al Ayuntamiento chihuahuense por los actos violatorios de derechos humanos en contra de la periodista Adriana Esquivel suscitados en septiembre de 2020.

    Entre otras indicaciones, la recomendación registrada con el número 5s.1.020/2021, dirigida a María Angélica Granados Trespalacios, presidenta municipal de Chihuahua, Chihuahua, pide que los agentes de la Dirección de Seguridad Pública municipales sean capacitados por profesionales en el respeto del ejercicio de la libertad de expresión en un término de tres meses.

    “Se diseñe curso de capacitación para las y los agentes de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Chihuahua, que incluya las medidas de protección suficientes, adecuadas y efectivas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en un ambiente seguro, con el objeto de prevenir hechos similares a los que dieron origen a la presente Recomendación”, detalla el documento fechado el pasado 27 de agosto.

    Adriana Esquivel consideró que todas las recomendaciones son importantes, sin embargo, la sexta de éstas es destacable al pedirle a la Dirección de Seguridad Pública la capacitación de los policías, para así evitar la repetición del abuso a los periodistas.

    “Me parece que es un precedente el hecho de que se pida que se haga una capacitación, que se haga un curso, y que también pidan que sea con personas especializadas para la no repetición, no solo a mí, sino a un gremio, que, en Chihuahua, como en México y como en muchos lados, es un oficio muy difícil”, afirmó la periodista.

    Adriana Esquivel (izquierda en la foto) durante una sesión de entrenamiento del Border Hub en enero de 2020. Meses más tarde, en septiembre del mismo año, Adriana fue arrestada de manera arbitraria por un policía de Chihuahua. Foto: Archivo del Border Hub

    Los hechos que derivaron en la intervención de la CEDH, presidida por Néstor Manuel Armendáriz Loya, ocurrieron entre la noche del 27 y la mañana del 28 de septiembre de 2020, cuando la reportera cubría un evento de un grupo de mujeres feministas, quienes realizaban pintas en una barda y al momento de llegar patrullas de policía municipales, fue detenida, pese a haberse identificado plenamente como periodista.

    Adriana Esquivel fue llevada a la comandancia municipal e incomunicada durante tres horas, para luego ser sometida a un proceso dudoso que al final le permitió ser liberada.

    Un par de días después la reportera interpuso una queja ante la CEDH, y fue este jueves, casi un año después, que fue notificada de la emisión de las observaciones del organismo hacía el ayuntamiento de Chihuahua.

    Adriana Esquivel, en primer plano a la izquierda, es una periodista experimentada en la cobertura de protestas populares. Foto: Cortesía de Adriana Esquivel.

    En el documento asentado en el oficio número1s.1.124/2021 del expediente 10s.1.5.287/2020 de la Comisión Estatal se destallan los hechos, exponen evidencias del caso y destaca en una Tercera recomendación, la solicitud de atención psicológica a Adriana Esquivel.

    “Se garantice a la víctima, la atención psicológica que requiera, con motivo de las afectaciones derivadas de los hechos materia de la presente resolución, iniciando las diligencias en un plazo que no exceda de 30 hábiles, contados a partir del día siguiente a la aceptación de la presente resolución”.

    Así mismo, el gobierno municipal de Chihuahua deberá proveer “lo necesario” para que se repare integralmente el daño causado a Adriana Esquivel en los términos que dicta la Ley General de Víctimas y de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, así como ser inscrita en el Registro Estatal de Víctimas, por violación a derechos humanos.

    Entre las represalias recibidas, la periodista padeció de acoso durante meses después de los hechos.

    Su casa era vigilada por policías del municipio de Chihuahua, entonces presidido por Maru Campos, quienes se postraban en el exterior de su domicilio y de forma inusual, transitaban “vigilando” su cuadra, a bordo de patrullas oficiales y automóviles civiles.

    “Comenzamos a ver presencia policiaca por la calle, rondines. Empezamos a ver carros raros”, declaró en entrevista la periodista, quien tuvo que mudarse de domicilio.

    Inclusive, fue revictimizada al recibir comentarios negativos de parte de la alcaldesa.

    “Su postura era muy en contra del movimiento feminista”, agregó Adriana Esquivel.

    Hubo un daño integral: económico, profesional y psicológico, señaló, lo cual quedó asentado en los exámenes y análisis realizados por la CEDH.

    El órgano de defensa de Derechos Humanos ha pedido además que se integre debidamente y se resuelva conforme a derecho el procedimiento administrativo en contra de las personas servidoras públicas involucradas en los hechos de la queja y se impongan las sanciones que correspondan.

    La afectada reconoció el trabajo de la CEDH de Chihuahua, “porque fue una decisión que la Comisión pudo haber dejado el caso. Pero sí creo que ese podría ser un precedente, el hecho de que se reconozca que no hay capacitación, que no saben cómo hacerlo, que no garantizan y la seguridad de la gente”.

    La Dirección de Seguridad Pública municipal puede o no aceptar la recomendación de la CEDH, explicó, y tiene un plazo para responder.

    “Tiene 15 días hábiles para responder si la acepta o no es aceptada. Una vez aceptada, en los puntos de la recomendación vienen plazos para que empiecen a cumplir y ahí sería la Comisión, la que esté pendiente de darle seguimiento”.

    En caso de que la dependencia municipal rechace las recomendaciones de la CEDH, la reportera iría a la instancia nacional.

    “Yo tengo oportunidad de irme a la Comisión Nacional, fue lo que me recomendaron ahorita en caso de que diga que no, puedo yo impugnar la decisión de Seguridad Pública”, precisó.

    Reconoció el apoyo del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, así como de organizaciones de defensa de la Libertad de Expresión, como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Cimac, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19.

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