Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 10 de marzo 2022.- El Grupo Parlamentario de Morena en conjunto con las organizaciones Marea Verde y Gire presentó la iniciativa para despenalización de la interrupción del embarazo de manera voluntaria desde la gestación hasta la semana 12.
Los motivos por los cuales, las mujeres que así lo deseen podrán interrumpir su embarazo de manera voluntaria podrán ejercer su derecho ha realizarlo por malformaciones genéticas, así como eliminar el límite estipulado para acceder al aborto por violación.
Al respecto, la diputada morenista, Leticia Ortega Máynez explicó que dicha iniciativa busca modificar los artículos 143, 144, 145, 146 del Código Penal del Estado de Chihuahua y se centró en los derechos humanos y la parte de las obligaciones del Estado, la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres y la garantía al derecho de éstas a la salud.
Indicó que la interrupción voluntaria del embarazo en el país responde a una demanda primordial de las mujeres, por lo que es imperante que las legislaturas locales avancen mediante reformas legales que garanticen a todas las mujeres la protección de sus derechos.
“El derecho a decidir es un derecho ya conquistado. Sería altamente negligente desde este poder legislativo quedarnos atrás en el avance de protección de derechos, e indirectamente orillar y obligar a una mujer a ampararse en caso de decidir interrumpir su embarazo”, manifestó la diputada.
En la iniciativa se elimina el plazo para interrumpir un embarazo resultado de una violación sexual, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que imponer un límite gestacional es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos de las víctimas.
Agregó que la reforma además de configurar la definición del tipo penal de aborto solo cuando acontezca una vez transcurridas las primeras doce semanas realiza una serie de cambios necesarios, bajo parámetros constitucionales y convencionales, con el mismo propósito de salvaguardar el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.
En este sentido, aseguró que llegó el momento de comprender y defender que la decisión de interrumpir un embarazo es una decisión personal y exclusiva de las mujeres por las afectaciones asimétricas que tiene para su vida: el cambio físico en el cuerpo y las cargas sociales de la maternidad.
“Este tipo de decisiones no deben ser castigadas ni el derecho penal usarse para poner en situaciones límite a las mujeres. Además, seguir manteniendo la interrupción del embarazo como un delito, no solo impacta en la pérdida de la libertad sino que también implica en ocasiones una negación de los servicios de atención médica cuando se presentan emergencias obstétricas, abortos espontáneos, cuando su salud está en riesgo o cuando han sido víctimas de violación”, señaló Ortega Máynez.
