La falta de reconocimiento de los pueblos indígenas, la incapacidad de perseguir delitos ambientales y la presencia abrumadora del crimen organizado en la Sierra Tarahumara, son tan solo algunas de las problemáticas que evidenciaron la incapacidad del Estado por erradicar la crisis forestal en Chihuahua.
Por Óscar Rosales para Raíchali.
Los excesos teóricos, los informes de escritorio y la exigencia de mayores compromisos, fueron los elementos que primaron en la audiencia pública por la tala ilegal en la Sierra Tarahumara, espacio que congregó a diversas asociaciones civiles y organismos gubernamentales para abordar, desde la rendición de cuentas y la generación de propuestas, el atentado ecológico que atraviesan los bosques del estado.
Convocada a través de la Ley de Participación Ciudadana (LPC), el evento virtual moderado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) se centró en ocho temas centrales. En cada uno de estos los organismos no gubernamentales (ONG’s) emitieron posicionamientos ante los cuales se esperaba que los diferentes funcionarios públicos respondieran de con datos precisos e ideas claras la manera de atacar este problema.
Sin embargo, más allá de dar propuestas concretas, fueron respuestas ambiguas e informes protocolarios, lo que abundó por parte de las autoridades en la audiencia de más de cinco horas. Pese a que hubo algunos acuerdos, la mayoría de ellos no fueron totalmente explícitos para el público.
“Mi pregunta permanece, ¿cómo es posible que si todos están respondiendo, están dando respuesta, por qué las cosas no cambian?”, cuestionó en entrevista el padre Javier Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
Un par de datos que se proporcionaron durante la audiencia exponen la dimensión del problema: se estima que el 50 por ciento de la madera que circula en México es ilegal o tiene una procedencia dudosa y la evasión de impuestos en este negocio ronda por los 2 mil 500 millones de pesos.
Y aunque las ONG’s que participaron reconocieron que esta interacción fue una buena práctica de escucha e intercambio de ideas, señalaron que aun quedaron temas en el aire y propuestas que no terminaron por consolidarse, más al tratarse de una problemática demasiada compleja y que ha sobrepasado las capacidades de todos los involucrados.
DERECHOS EN EL CONGELADOR
En la primera jornada de la audiencia, las ONG’s cuestionaron cual sería el actuar de las autoridades para reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho, ya que el no considerarlas se perpetua el abuso hacia los bosques donde estas habitan.
Dicho posicionamiento se presentó dado que los permisos de aprovechamiento forestal en Chihuahua no contemplan la voluntad de los pueblos originarios, según expuso Citlali Quintana, directora del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas (Cecaddhi),
La activista preguntó cuál sería el grado de compromiso del Estado para contemplar la consulta libre, previa e informada, como un instrumento que pudiera dar voz a las comunidades de la sierra.
En su respuesta, José Luis Bravo, uno de los representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), comentó que su dependencia se ve limitada por el marco normativo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPÍ). El funcionario quiso señalar un caso de éxito de consulta por una mina en Chihuahua, sin embargo, no logró especificar el dato.
María Teresa Guerrero, de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (COEPI) reconoció que iniciativas legislativas, como la Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Chihuahua, así como una nueva Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, se encuentran congeladas en el congreso.
Argumento que, si bien la pandemia por COVID-19 ha retrasado el debate respecto a estas leyes, también las diferencias entre las mismas secretarias han mermado la tarea.
También señaló que las instituciones federales deben asumir la responsabilidad correspondiente para llevar a cabo las consultas, designando los recursos suficientes para estos procesos.
Pese al diálogo que hubo en torno a esa autodeterminación de los pueblos originarios, esté fue uno de los temas que necesitó más atención, señaló en entrevista Diana Villalobos, directora de la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec).
En el mismo sentido, Villalobos explicó que las afectaciones por el despojo del territorio al ser talado no son contempladas por las autoridades. Las pérdidas por el desplazamiento quedan en el olvido y no pueden ser atendidas de los mismos modos que en años anteriores.
“Quieren resolver un problema muy serio haciendo lo mismo. Eso no es posible”, afirmó la activista.
*Este fragmento es parte de la nota realizada por Raichali, integrante de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie. Para leer el texto original y completo, sigue este enlace.
