Por H.C. Esquivel
Mientras escribo esta columna, el Estado de Israel ataca la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, donde se aglomeraron en los últimos meses unos 3 millones de palestinos que huyeron del centro y norte de la Franja de Gaza.
Apenas días antes el Gobierno israelí celebró junto a Hamás un acuerdo para el alto al fuego, pero de manera sorpresiva desconoció los acuerdos e inició una operación militar largamente ansiada, que la ONU anticipa como la más sangrienta de toda la campaña militar que inició en octubre del año pasado, además de exacerbar la crisis humanitaria persistente desde hace siete meses.
La organización extremista Hamás, que en sus orígenes fue financiada y alentada por el propio Israel para no tratar con la “pacifista” Organización para la Liberación de Palestina, (OLP), es ahora combatida con bombardeos e incursiones terrestres con vehículos blindados y tropas en el terreno que no discriminan hospitales, iglesias, edificios de departamentos civiles, (sitios vedados para ataques militares por las leyes internacionales), ni la edad de las personas a las que asesinan.
Pero esta colaboración habla más allá del poder económico y militar que el Estado de Israel ha ejercido sobre el territorio de Palestina, que ha desplazado de sus hogares a más de 1.7 millones de personas y ha causado la muerte de unas 35 mil.
Este texto, busca, atisbar en el poder político que este país ejerce sobre otras naciones para acallar un evidente genocidio.
En 1917, mediante una carta, conocida ahora como “Declaración de Balfour”, el Ministro de Relaciones Exteriores inglés, dirigida al banquero y líder de la comunidad judía en Gran Bretaña, Lionel Walter Rothschild, el imperio Británico daba su aval para crear el Estado de Israel en la región de Palestina, en ese entonces bajo dominio otomano.
Tras la Primera Guerra Mundial, vencidos los otomanos, los 70 mil soldados británicos que ocuparon Palestina se hicieron de la vista gorda ante la expulsión de más de 250 mil musulmanes de sus tierras, en ocasiones asesinando poblaciones enteras y haciendo alarde de ello para asustar a otros habitantes, todo ello para dar espacio a la llegada de migrantes judíos, principalmente de Europa.
A pesar de que en el nacimiento de Israel, cuando vía la ONU se le otorgó el 55 por ciento de las tierras de Palestina y se ordenó la creación de dos estados, uno de ellos Palestino, durante más de 75 años, las administraciones sionistas han absorbido por la fuerza militar más del 90 por ciento del territorio y solo quedan Cisjordania y la Franja de Gaza, cuyas poblaciones están rodeadas por muros de 8 metros de altura con vigilancia militar permanente.
Las matanzas y expulsiones forzadas de palestinos movieron a la ONU a declarar en los años 70 que el sionismo es equivalente al racismo y al apartheid, sin embargo, la presión política orilló a muchos gobiernos a retractarse de su voto a favor.
Si bien, las decisiones del Consejo General de la ONU no implican su obligado cumplimiento, durante décadas han habido llamados de una mayoría de los países del mundo a respetar los derechos del pueblo palestino.
Sin embargo, los acuerdos tomados en el Consejo de Seguridad sí tienen carácter de obligatorio cumplimiento y el 25 de marzo de este año se aprobó, con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos, un llamado a un “alto al fuego duradero” que también fue despreciado por la autoridad israelí.
Un ejemplo reciente del poder del sionismo lo tenemos en el propio Estados Unidos, donde miles de estudiantes de más de 50 universidades de ese país, entre ellas las más prestigiadas como Columbia, Harvard o el Tecnológico de Massachussets, mantienen campamentos de protesta para exigir el cese de la ayuda militar a Israel y un cese al fuego.
Entre la crítica que los estudiantes han dejado por escrito está el estado de crisis previo a una recesión económica de Estados Unidos, como para apoyar con miles de millones a un país que viola los derechos humanos y encima quiere desaparecer a un pueblo.
De manera acelerada, el Congreso aprobó por aplastante mayoría una ley para ampliar la definición de “antisemitismo” y permitirá al gobierno de Estados Unidos cortar el presupuesto a las universidades que no ataquen de manera efectiva los actos de “antisemitismo”.
En medio de más de 2 mil detenciones de estudiantes y miles más que buscan resistir en los campus, el mismo Presidente Biden y el candidato republicano Donald Trump han avalado las acciones policiales y tildado a los estudiantes de “antisemitas”.
Esta misma ley puede criminalizar a asociaciones como la que monitorea los donativos hacia políticos que realiza la America Israel Public Affairs Comitee, (AIPAC), la única organización de un país extranjero que recauda fondos para financiar las campañas de políticos para influir en sus decisiones.
El académico John Mearsheaimer, coautor del libro “El Lobby Sionista”, habla del poder de estos grupos sobre políticos para influir en la política estadounidense, en tanto que el AIPAC ha anunciado que este año electoral 2024 aumentará a 100 millones de dólares las aportaciones a las campañas de prácticamente todos los congresistas, demócratas y republicanos.
El poder de AIPAC para quitar políticos lo cuenta el ex Congresista demócrata por Michigan, Andy Levín, quien se consideraba “la voz más clara de los judíos en el Congreso”, pero por apoyar a una pacificación de las relaciones entre Israel y Palestina en beneficio del pueblo judío, la asociación aportó 4 millones de dólares a su contrincante republicana y lo sacaron del juego político.
Pero ese mismo poder se extiende a otros países, como Inglaterra, donde las masivas manifestaciones contra el genocidio se ocultan; o como en Alemania, donde la policía reprime ese tipo de protestas o suspende con toda la ayuda del gobierno, simposios organizados por judíos para hablar de los crímenes cometidos en Gaza.
Entre los poderes por encima de los países se cuentan a los grandes fondos de inversión que controlan la deuda de casi todo país endeudado, fondos controlados por sionistas, que manejan inversiones transversales en cientos de empresas de todo tipo, entre las cuales están la industria armamentista y los principales medios de comunicación.
Es por ello que las principales voces de los medios y políticos catalogarán a los estudiantes que protestan en el amplio cajón de los “antisemitas”, mientras que las acciones del Gobierno de Israel serán solo el “derecho” de un pueblo a defenderse.
