Chihuahua, Chih., a 30 de noviembre del 2021.- Mariano Cordero representante legal de más de 389 personas afectadas por el fraude de la empresa ARAS Investment Business en el estado de Chihuahua, comentó que en un inicio del problema la Fiscalía General del Estado (FGE) “no quería asegurar los bienes desde un inicio, esto a pesar de que se cuentan con las herramientas jurídicas para hacerlo”.
Sin embargo, por la presión social y no por la intervención de la diputada federal Patricia Terrazas Baca, la FGE llevó a cabo el aseguramiento de propiedades a nombre de esta empresa de inversión, aseveró el abogado parralense Mariano Cordero.
Con la experiencia de haber representado y recuperado una parte de lo defraudado por empresas “ponzi” denominadas “Pegado” y “Unicornio” en los años 90´s, Mariano Cordero aseguró que la demanda colectiva no sería una opción como lo propuso la diputada deferal panista.
Lo anterior debido a que la figura de “quiebra mercantil” ya no existe, es decir desapareció de la legislación mercantil vigente, por lo que el primer paso sería que se aseguraran los bienes exitentes, tanto propiedades como cuentas bancarias, con el objetivo de poder asegurar la reparación del daño y evitar la sustracción de los responsables de estos delitos.
En este sentido, Mariano Cordero calificó que las acciones emprendidas por la FGE de asegurar 53 propiedades “no son suficientes, tenemos que ser muy inteligentes, para no ir a perder la batalla, ya con la experiencia de Pegaso, Unicornio y el Barzón, nos dice que tenemos que actuar rápido, garantizar los bienes existentes de los cuales se tendrá que hechar mano”, comentó.
Aquí es muy importante destacar, “los capitales que sacaron del país, tenemos información que en los Estados Unidos ARAS Investment Business se declaro en quiebra en el mes de junio de este año, hecho que pasó desapercibido por el estado mexicano”, aseveró el abogado.
Estas personas hicieron un fraude del aprovechamiento del error a personas que confiaron sus ahorros y recursos, adicionalmente hay delitos federales establecidas dentro de la ley de instituciones de crédito, quienes son las únicas autorizadas para captar ahorros públicos, situación que paso desapercibido para las autoridades, dijo el abogado.
Ahorita se encuentran garantizadas cuentas bancarias por “lavado de dinero” figura que es complicada de justificar y muy dificilmente si nos atenemos a eso vamos a obtener ese recurso, por ese motivo, tenemos que tomar providencias desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) andamos buscando para que emitan un mandamiento de autoridad para que proteja los intereses de todos los afectados, puntualizó Mariano Cordero.
Agregó que, esto tendrá que suceder en estos días, por lo que se espera que en el Congreso del Estado para visibilizar el tema y que se agilicen las medidas precautorias con la finalidad de garantizar la reparación del daño, además de conservar la seguridad de testigos y actores.
