+ Con un plantón efectuado sobre la carretera que conduce de Creel a San Rafael, integrantes de la comunidad rarámuri Bosques de San Elías Repechique demandaron que sus derechos territoriales les sean reconocidos.
La mañana de este domingo, habitantes de la comunidad rarámuri Bosques de San Elías Repechique, que se encuentra en el municipio de Bocoyna, se movilizaron hacia la carretera que conduce del poblado de Creel hacia el poblado de San Rafael, para hacer un plantón de protesta justo a la altura del aeropuerto Barrancas del Cobre.
Desde las 9 de la mañana y durante más de dos horas, los integrantes de la comunidad se plantaron en medio de la carretera para mostrar pancartas con exigencias de justicia y para repartir volantes con información sobre el acoso que sufren por parte de personas no indígenas quienes pretenden despojarles de los recursos forestales.
Este no es el primer plantón que ha hecho la comunidad, pues su historia de resistencia contra el despojo es larga y en años recientes han sido objeto de demandas por parte de los particulares mestizos que dicen ser dueños de las tierras donde viven los indígenas rarámuri.
Cabe recordar que en el 2018, Bosques de San Elías Repechique interpuso un amparo en el que pide al Gobierno Federal el reconocimiento legal de su territorio. Así mismo, en el 2014 la comunidad ganó una demanda contra la construcción del Aeropuerto Barrancas del Cobre, sentencia en la que se reconoce los derechos derivados de la posesión ancestral de la comunidad en las 11 mil 400 hectáreas.
Gracias a esa sentencia, en 2017 se creó un fideicomiso de reparación de daños para que integrantes de la comunidad lo ejercieran a través de proyectos productivos comunitarios; uno de ellos fue un taller de costura que empezaría a construirse en abril de 2020.
Sin embargo, en mayo de ese mismo año, el empresario Fernando Cuesta Miledi interpuso una demanda contra Teresa González por ser ella quien aparecía al frente del proyecto de la casa de costura Bowe Najativo.
Fue así que tras varias visitas de la policía para clausurar el taller, en agosto de 2020 se detuvo a un grupo de 50 personas de la comunidad, incluyendo a niñas, niños y personas de la tercera edad. A pesar de todo esto, el taller pudo ser inaugurado en junio de 2021.
A estos antecedentes de hostigamiento contra la comunidad se sumó uno nuevo, ya que en el mes de mayo de año, se conoció de manera extraoficial la existencia de una segunda denuncia penal en contra del gobernador rarámuri de la comunidad Nicolás Sánchez Torres, a través de la reactivación de una vieja denuncia hecha en 2018 por robo agravado de madera, por la que deberán acudir a la audiencia de vinculación a proceso el 12 de agosto.
Ante esto, la comunidad ha salido nuevamente a exigir sus derechos y visibilizar así su lucha por defender el territorio y el bosque donde han vivido durante generaciones.
