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    Delitos sexuales en Coahuila y su aura de impunidad

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    En Coahuila, el 95 por ciento de las denuncias por delitos sexuales quedan impunes. ¿Qué sucede desde que una persona es víctima de una agresión sexual hasta que obtiene justicia? 

    Por Francisco Rodríguez / Vanguardia

    Fotoarte por Edgardo Barrera

    Daniela vivió un noviazgo de agresiones y violencia que culminó con una violación. Su ahora exnovio siempre fue agresivo: la nalgueaba, la mordía y ahorcaba cuando tenían relaciones sexuales. Se enojaba seguido. 

    -Ya te estás pasando. No estás midiendo tus fuerzas –reclamó Daniela más de una vez. 

    Una tarde el novio pasó por ella y sin mediar comentario la llevó a un motel. Daniela no quería tener sexo. En más de una ocasión le pidió que se detuviera. 

    -Me golpeó. Me mordió la espalda. Me lastimó mi parte íntima. Yo le gritaba que se quitara, que parara, pero no lo hizo. 

    Después de haber tenido relaciones sexuales sin su consentimiento, el novio la abandonó en una tienda y no volvieron a hablar. Daniela entendió que había sido violada. 

    Una psicóloga de la Facultad le explicó que había vivido una violación. Podría activar el protocolo de violencia de género de la universidad o interponer una demanda penal. Ella se negó. No quería contarle lo ocurrido a otra persona. El miedo, el rechazo, su intimidad. 

    Para el abogado penalista Gerardo Pérez Pérez, el miedo, la presión social, la revictimización, señalamientos, son las principales razones por las que no se denuncia.  

    -Es un miedo que siempre está presente. Lesiones y daños se prolongan en el tiempo. También hay un tema de política familiar –considera el penalista. 

    Daniela empezó lo que ella llama una “fase destructiva”. Comenzó a embriagarse al grado de llegar alcoholizada a clases. 

    Tres semanas después seguían los moretones en su cuerpo. Hasta que su mamá los observó.  

    Largo camino

    Desde 2017 hasta el primer trimestre de 2021, según datos de la Fiscalía General de Coahuila y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han denunciado 4 mil 895 delitos sexuales en el estado: 2,382 por abuso sexual, 897 por acoso sexual, 72 por hostigamiento sexual, dos por incesto, 572 por violación equiparada, 770  por violación simple y 200 por “otros”.

    Sin embargo, en el mismo periodo apenas se contabilizan 255 sentencias condenatorias (y cuatro absolutorias) según cifras entregadas por el Poder Judicial del Estado, es decir, que de cada 100 denuncias por delitos sexuales, apenas 5 llegan a una sentencia. En otras palabras: 95% quedan impunes. 

    En delitos como el abuso sexual la cifra de impunidad es del 98% y delitos como el acoso sexual registran apenas 3 sentencias condenatorias (0.33% del total de denuncias).

    ¿Por qué son tan bajas las cifras? El resto de la historia de Daniela, la estudiante de medicina que fue violada, puede ayudar a entender.

    Después que su mamá le mirara los moretones que seguían sin desaparecer tres semanas después, la hija contó lo vivido. “Vamos a denunciarlo”, animó la madre, enojada por lo que había vivido su hija. 

    Daniela tenía –tiene- una imagen de la justicia: la impunidad es el menú principal. “¿Qué van a decir? No va a funcionar”, eran las excusas de la misma víctima. El aura de impunidad que ronda en el sistema de justicia vence a las víctimas antes de iniciar un proceso largo y tortuoso

    La psicóloga la diagnosticó con estrés postraumático. No se acordaba de lo que había pasado, vomitaba cuando trataba de recordar. La ansiedad la invadía. Seguía bebiendo alcohol en exceso. Su madre insistía en denunciar. Su psicóloga también. Ésta la canalizó un día con un médico legista de la Facultad que trabaja en la Fiscalía. El médico le miró una foto  del glúteo lleno de sangre y moretones. “Estos fueron fregazos de los buenos”, le dijo. “Tú eres la víctima”, recalcó el doctor. Daniela no se sentía una víctima. Comenzó a llorar porque el doctor le decía que tenía que aceptar. 

    Su madre contrató un abogado con quien Daniela fue a la Fiscalía a poner la denuncia, más presionada que por interés propio. Pero le dijeron que como se trataba de algo hecho por el novio, era “violencia de mujer” y tenía que acudir al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer. 

    En el Centro de Justicia la ingresaron a un pequeño cuarto donde un funcionario comenzó a cuestionarla como si se tratara del llenado para una vacante. 

    -‘Ahí viene otra que violaron’, sentí.

    -¿Qué te pasó?… ¿Te quitaste la ropa?… ¿Le hiciste sexo oral?… ¿En qué motel?… ¿Cuánto duró? Fueron algunas de las preguntas del servidor público. 

    Un cuarto pequeño, atendida por un hombre, experiencias que van en contra del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género y Derechos Humanos sobre la Violencia Sexual para el Estado de Coahuila. 

    Del Centro de Justicia únicamente logró que le dieran una medida de protección y restricción a su atacante. Pero su denuncia fue ingresada como lesiones, no como violación. “Así se mete, luego vamos a gravarle el delito”, explicaron. Daniela no entendió. 

    De haberle recibido su denuncia penal en el Ministerio Público, es posible que hubieran encontrado datos que probaran la violación. El penalista Gerardo Pérez Pérez explica que el coito violento o la cópula por la fuerza, provoca que al no haber lubricación, los labios mayores exteriores tengan eritemas o enrojecimiento. Menciona que la cópula se confirma con una prueba química forense que se llama fosfatasa ácida, que consiste en la introducción de hisopo o un algodón en el genital de la mujer, se le pone una solución y si se torna azul o morada, quiere decir que hay semen. 

    Pérez Pérez explica que los delitos sexuales se consideran de “naturaleza íntima y realización oculta”, pues la cópula sucede normalmente sin testigos. Pese a ello, en teoría con el estándar del nuevo sistema penal bastarían datos mínimos que ubiquen al agresor en el lugar, que lo vinculen con evidencia mínima como fluidos corporales, fluidos seminales, pelos, pedazos de trusa, golpes, lesiones, huellas materiales; peritajes en química forense, medicina forense, sexología forense o estomatología forense. Con esos elementos de sustento, el especialista asegura que el delito de violación es de los más accesibles para la autoridad. 

    El problema es que existe un protocolo de investigación de delitos sexuales que “no sirve de mucho porque los ministerios públicos y jueces no le hacen caso y lo pasan por alto cuando es muy completo”. 

    El Protocolo de Investigación sobre Violencia Sexual, un documento de 104 páginas, refiere por ejemplo que se deben conformar equipos de investigación encabezados por el personal ministerial, la policía investigadora y el personal pericial para plantear el plan de investigación, el cual debe ser acorde con el diseño de la teoría del caso. “La teoría del caso debe estar soportada de tal manera que esté alerta a los posibles argumentos de la defensa…”.

    También se indica que por la naturaleza de los delitos sexuales, es imprescindible aplicar un peritaje para evitar la pérdida o alteraciones de pruebas y realizar estudios básicos como uno médico, corporal, dictamen psicológico, acreditar la relación víctima-victimario, un análisis de contexto y recoger evidencias materiales, entre otras.

    Pero nada de eso se hizo cuando Daniela y su abogado pisaron el ministerio público. En cambio la denuncia continuó en el Centro de Justicia, donde le explicaron que procedía una conciliación. Que su exnovio acudiría a pedir perdón y daría una reparación del daño de 50 mil pesos. “Yo quiero que se quede el registro que me violentó sexualmente. No me importa el dinero”, comentó Daniela, ya para entonces decidida a obtener justicia. 

    No aceptó y el caso siguió. Para su mala fortuna, apareció una pandemia.

    Efecto embudo

    En materia penal, dice el especialista Gerardo Pérez Pérez, existe un fenómeno socio jurídico: el efecto embudo, un problema del sistema en materia penal:

    -De un extremo del embudo son los delitos cometidos, otra parte más estrecha que son los denunciados, otra parte que son los investigados, luego otra que son donde se dieron orden de aprehensión, luego orden cumplimentada, después los sancionados y que causan ejecutoria” -explica. 

    Dice que es un problema donde hay una serie de etapas donde se van diluyendo los casos, reduciendo los datos probatorios, o interés de las víctimas y se van abandonando. Por eso la diferencia entre las 4 mil 895 denuncias por delitos sexuales desde 2017, y las 255 sentencias condenatorias en el mismo periodo.  

    El Fiscal General Gerardo Márquez Guevara, considera que se tienen que analizar mejoras legislativas para el desahogo de pruebas después que se judicializa una carpeta. Por ejemplo, que se permita el desahogo vía remota.

    Jesús Sotomayor Garza, magistrado en retiro, dice que son muchos casos en donde la víctima se abstiene de asistir a audiencias o careos; no se presentan pruebas y al órgano acusatorio lo atan de manos y no se tienen elementos para solicitar una orden de aprehensión.

    Actualmente la Fiscalía de Coahuila únicamente tiene (sin contar los datos de la región Norte I que comprende los municipios de Piedras Negras, Allende, Guerrero, Jiménez, Hidalgo y Nava) 548 expedientes judicializados, lo que representaría el 11 por ciento del total de denuncias, según respuesta a una solicitud de información.

    Ariadne Lamont, directora de Incidencia y Acompañamiento del Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos (Incide Femme), considera que no hay recursos humanos y económicos para atender el problema, situación que para ella se traduce en que los cuerpos de mujeres, niños y niñas no importan para las autoridades.

    Se solicitó vía transparencia a la Fiscalía de Coahuila conocer cuántos agentes del ministerio público están destinados a atender los delitos sexuales, sin embargo, en la respuesta solo se refirió que hay ocho unidades de investigación especializadas en delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes o contra mujeres, aunque no se precisa cuánto es el personal en cada unidad. 

    Lamont critica que no hay gente especializada en el tema, desde médicos legistas, ministerios públicos, jueces, policías investigadoras, pero tampoco maestros o maestras que sepan qué hacer con niñas y niños víctimas de violencia sexual.

    El penalista Gerardo Pérez critica que no se siga el protocolo por parte de los involucrados, el cual describe como un “recetario” para acreditar los hechos. “Que no sea motivo de interpretaciones, que fuera el seguimiento de las normas técnicas aprobadas y son obligatorias, y nadie las acata”, lamenta. 

    Para Adriana Romo, activista y miembro de la Red de Mujeres de La Laguna, la parte grande del embudo podría agrandarse si no solo se toman en cuenta las denuncias, sino también las llamadas al DIF o las llamadas de emergencia al 911. 

    De acuerdo con el SESNSP entre enero y abril de 2021 se recibieron hasta 137 llamadas diarias de mujeres reportando algún tipo de violencia (16 mil 445 llamadas): 45 llamadas por un tema de abuso sexual, 90 de hostigamiento sexual, 36 por violación, 3 mil 317 por violencia contra la mujer, mil 695 por violencia de pareja y 11 mil 262 llamadas por violencia familiar. 

    Según cifras del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Coahuila entregados vía transparencia, cada año hasta 15 mil mujeres son atendidas por primera vez por algún tipo de violencia como física, psicológica, económica, patrimonial o sexual. Pero se desconoce cuántos de esos casos abrieron un expediente penal. 

    En 2020 se atendieron 11 mil 442 mujeres que llegaron por primera vez a uno de los cinco centros del Estado, el 10 por ciento, es decir, 1,144 mujeres denunciaron violencia sexual, apenas cuatro casos menos que el total de denuncias por delito sexual.

    Pero en 2019, la cifra de mujeres atendidas por violencia sexual por primera vez (1,288) superó a las denuncias (1,125) por delitos sexuales. Esa diferencia es la cifra negra de mujeres que no denuncian a su agresor. Un embudo que podría ensancharse. 

    *El fragmento que aquí reproducimos forma parte del reportaje realizado por el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. Te invitamos a leer el reportaje completo en su versión original en este enlace.

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