Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 12 de octubre del 2021.- Habitantes de la comunidad de El Manzano, ubicado en el ejido Rocoroyvo, municipio de Uruachi y del ejido Monterde en el municipio de Guazapares, denunciaron que desde el 2014 más de 23 familias compuestas por 80 personas tuvieron que abandonar su vivienda y propiedades, debido a las amenazas de grupos del crimen organizado.
“Tuvimos que salir de urgencia para salvar nuestras vidas y aunque denunciamos los hechos, hasta el momento no hemos tenido respuestas de las autoridades”, denunció Margarita Contreras.
En el 2015, las familias desplazadas apoyadas por la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), decidieron denunciar la violencia que se vive en esta zona del estado de Chihuahua y que de acuerdo a los afectados es ejercida por integrantes del crimen organizado, quienes de manera violenta se apropian de sus predios para la siembra y cosecha de droga, fomentando también la tala ilegal de bosques.
Por ese motivo, acudieron hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para solicitar se les otorgaran medidas cautelares debido no sólo a las amenazas, sino además a la serie de asesinatos en manos de estos grupos criminales.
Después de analizar la situación, la CIDH otorgó medidas en el mes de abril del 2015 a favor de los habitantes de esta comunidad; sin embargo y a pesar de esta resolución internacional las medidas no han sido suficientes para garantizar su protección pues incluso tres personas han sido asesinadas pese a la existencia de las medidas, siendo el último de estos crímenes el de Cruz Soto Caraveo, ocurrido en octubre del 2019.
Ante la falta de respuesta adecuada, suficiente y oportuna por parte de las autoridades, en mayo del 2021, se promovió una demanda de amparo por las familias Girón, donde se les concedió la suspensión provisional; la cual consiste en garantizar vivienda, alimentos y otras necesidades básicas, además de indicar que se proteja el intéres superior de la niñez y bienes en la comunidad de origen, explicó Contec.
Luego en el mes de junio del mismo año se promovió la demanda de amparo por las familias Sánchez Legarda y Soto Contreras, con el cual se les concedió la suspensión de plano, reconociendo así las graves omisiones a las que se han visto expuestas estas familias.
Las audiencias constitucionales durante las que se resolverá la procedencia de los amparos mencionados, se llevarán a cabo este próximo 25 de octubre, cuando deberán pronunciarse sobre la reparación integral del daño, acceso a la justicia, condiciones de seguridad para el retorno a casa, medidas de restitución del patrimonio en las comunidades y medidas de no repetición; estas últimas ligadas al establecimiento de la Ley General de Materia de Desplazamiento Forzado Interno, regulación inexistente en la materia.
