Es viable replantear y proponer un programa de sustitución de cultivos más apegado a las necesidades de los municipios cultivadores con el fin de alejarlos de la economía ilegal y al mismo tiempo dotarlos de servicios básicos, seguridad social y un estado derecho funcional.
Por: Karla Cruz Martínez para Animal Político.
Los cultivos ilegales son una realidad en México y en otros países productores de sustancias derivadas de los cultivos, tanto de la flor de amapola, como de la hoja de coca y la mariguana. En el reporte “Monitoreo de cultivos de amapola 2017-2018”, realizado por el Gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC 2018), México fue señalado como el tercer país a nivel mundial con cultivos ilegales de amapola, detrás de Myanmar y Afganistán. Asimismo, en 2013 lideraba mundialmente los cultivos de mariguana junto con Afganistán (UNODC 2013).
A diferencia de la mariguana, la amapola ha sido una flor bastante olvidada; su historia como cultivo ilegal es bastante peculiar ya que en ella han intervenido sucesos relevantes que vale la pena mencionar para entender cómo fue que se instauró el enfoque prohibicionista vigente en las políticas de drogas. Durante la primera mitad del siglo XIX, Gran Bretaña y China protagonizaron la llamada “Guerra del opio”, provocada por el gobierno chino al cerrar su mercado interno del opio, dominado hasta entonces por los británicos, quienes traficaban la sustancia desde la India 1. La Guerra finalizó con la pérdida de Hong Kong para los ingleses y la apertura del mercado chino. Este evento ocasionó que parte de la población china se viera obligada a migrar principalmente a Norteamérica, no solo para huir de los estragos de la contienda bélica, también con el fin mejorar sus condiciones de vida (Marín, R., et al. 1997).
Por otra parte, la necesidad de mano de obra para el desarrollo de la infraestructura férrea en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, y poco después en México durante el Porfiriato, incentivó a dichos gobiernos a emplear población de nacionalidad china para su construcción 2. Esto derivó en que las comunidades de migrantes chinos afianzaran sus costumbres y tradiciones en ambos países, entre ellas el consumo de opio y el autocultivo de la amapola. Sin embargo, en 1882 y debido al papel cada vez más relevante de los migrantes chinos en el mercado laboral, el Congreso de los Estados Unidos decretó el Acta de Exclusión. Dicha Ley incluía once puntos que restringían la entrada a trabajadores chinos con contrato a Estados Unidos por un periodo de diez años. Más adelante, en 1888, se decretó el Tratado de Burlingame, que ampliaba la restricción a 20 años. Es muy probable que estas regulaciones tuvieran como consecuencia la aceleración de la migración ilegal de la población de origen chino hacia México, asentándose en la zona norte del país.
De igual forma, la Guerra Civil en Estados Unidos (1861-1865), dejó un gran número de heridos, a quienes para calmar sus dolores de la guerra se les suministró morfina (Ospina, G., et al. 2018). Este evento desencadenaría una de las primeras epidemias de consumo de opiáceos en Estados Unidos, hecho que motivaría a este país a ser el principal promotor internacional de la prohibición del opio y otras sustancias a comienzos del siglo XX. Protagonizada por 13 países y patrocinada por los norteamericanos en 1909, la conferencia de Shangai condujo a la conformación de la Comisión Internacional de Opio. Los comisionados fueron pioneros en la elaboración del primer instrumento de derecho internacional relativo al comercio de sustancias, que fue firmado en 1912 durante el Convenio Internacional del Opio en La Haya y su principal propósito era disminuir la producción y exportación del opio para erradicar las prácticas recreativas, evitar los derivados nocivos del opio y limitar el uso a fines médicos.
Como resultado de dicho proceso surgió la política de drogas vigente de enfoque prohibicionista que, a más de cien años de su planteamiento, se encuentra en el fondo de la aparición, en el caso de México, de grupos criminales que luchan por la exclusividad del mercado, pero también de la criminalización de consumidores y productores, quienes enfrentan la incertidumbre de encontrarse en medio de la violencia de los cárteles y de las prohibiciones estatales. Situación empeorada a partir de la fragmentación de los grandes grupos criminales como resultado de la política contra las drogas que el expresidente Felipe Calderón encabezó en 2006, la cual consistió en la captura de los grandes líderes de los carteles a través de operaciones militares.
Como está documentado, una vez que inició “la guerra contra las drogas” la violencia ha ido en ascenso y ha permeado en todo el país. Sin embargo, la preocupación radica principalmente en la situación de los cultivadores de amapola y mariguana, la mayoría de ellos víctimas de la criminalización por parte del Estado, al tiempo que son violentados, desplazados y forzados a cultivar, ya sea por los intereses y ordenes de grupos criminales, o bien por la vulnerabilidad en la que se encuentran. No olvidemos que en estas comunidades se conjuntan varios elementos que hacen factible, incluso atractivo, el cultivo de amapola y/o mariguana como medio de subsistencia: la ausencia del estado de derecho, un mercado laboral formal prácticamente inexistente, la falta de servicios básicos y la escasa seguridad social.
En un ejercicio de diferencia de medias entre el número de homicidios por cada cien mil habitantes entre los municipios con cultivos ilegales y sin cultivos, después de que se pusiera en marcha en la militarización del país, encontramos que los municipios con cultivos en promedio tienen 15 homicidios más respecto a la media nacional de 2007 a 2017.
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